SOBREVIVIENTES

Todos los Sábados 13 HS. en Puán 480 (Facultad de Filosofía y Letras) se reúnen los SOBREVIVIENTES y solo SOBREVIVIENTES (Familiares, amigos e invitados en otro aula) Coordinación: sobrevivientes de ángeles de Cromañón.

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PROCESAMIENTOS

Viernes 6 de mayo, 4:54 PMOtros once procesados por incendio con 193 muertos en Argentina

Buenos Aires, 6 may (EFE).- Seis ex funcionarios municipales de Buenos Aires y cinco policías fueron procesados hoy por el juez que investiga el incendio que causó 193 muertos y 700 heridos en una discoteca de la capital de Argentina en diciembre pasado

La medida fue adoptada por el magistrado Julio Lucini, a cargo de la causa por la que ya han sido procesados y permanecen detenidos el dueño del local República Cromañón, Omar Chabán, y uno de los responsables de la seguridad de la discoteca, Raúl Villarreal

Chabán y Villarreal están acusados de "homicidio simple por dolo eventual" y hoy el juez dictó un nuevo procesamiento en su contra por "cohecho activo", ya que presuntamente pagaron sobornos a policías para evitar controles sobre el local siniestrado

Además, Lucini procesó a cincos ex funcionarios del Gobierno municipal porteño por el delito de "homicidio culposo" y a otro por el de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", informaron fuentes judiciales

El juez Lucini también dictó un embargo de 20 millones de pesos (6,8 millones de dólares) sobre los bienes de cada uno de los cinco ex funcionarios procesados por "homicidio culposo"

En cuanto a los miembros de la Policía Federal dijeron que el magistrado procesó por "cohecho pasivo" tanto al jefe de la comisaría con jurisdicción sobre República Cromañón como a quien ejercía ese puesto cuando se produjo la tragedia, así como al actual subjefe de esa dependenciaLos bienes de esos tres efectivos sufrieron un embargo de 500.000 pesos (unos 171.800 dólares) por disposición de Lucini, quien además procesó por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" a otros dos policías que la noche del incendio realizaban servicios de vigilancia en la zona del discoteca

La tragedia en República de Cromañón, que estaba colmado de jóvenes fanáticos de la banda de rock local Callejeros, comenzó cuando una bengala arrojada por el público prendió fuego a una tela que colgaba del techoLa capacidad del local, que tenía la licencia municipal caducada y carecía de ciertas medidas de seguridad, estaba sobrepasada y sus salidas de emergencia bloqueadas, según testigosLos parientes y amigos de las víctimas responsabilizan y exigen la renuncia al jefe del Gobierno de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, que intenta reunir las firmas necesarias para convocar un referendo sobre su continuidad al frente del Ejecutivo porteño. EFE hd/alm/ar

SUBSIDIOS PARA SOBREVIVIR A CROMAÑÓN:

Para lograr que se regularicen los subsidios para medicamentos, estudios, viáticos de los hospitales, y demás, es necesario que mandes un mail a despferrero@legislatura.gov.ar,este es el mail de la Dip. Fernanda Ferrero (pres. de la Comisión Investigadora de la Legislatura Porteña). Mandá el mail con todos tus datos, tel, mail, etc., con el titulo "CECILIA subsidio para sobreviviente de Cromañón". La idea es que nos den subsidios para compensar los gastos que a 4 meses nos sigue ocacionando Cromañón y hasta que nos den el alta físico y psíquico. Esto no es una limosna que les pedimos sino algo que nos corresponde, muchos estamos sin trabajo y se nos complica concurrir a hospitales y psicólogos, tanto Cromañón como la desocupación son responsabilidad del gobierno. Escribiles. Te van a pedir las constancias médicas pero no para joder sino para evitar falsos sobrevivientes. Mandalo con copia a jalebenas@legislatura.gov.ar

Si estuviste en Cromañón y no tenes las constancias no te preocupes, basta con que hayas estado el 30/12/04 dentro de ese infierno para ir obteniendo las constancias y ayudas del caso.

ADVERTENCIA: el siguiente mensaje cotiene lenguaje adulto y futura escena de violencia.

Si no estuviste en Cromañón y sos un oportunista andate a la re putísima madre que te re parió (lenjuage adulto) , hay métodos para que no te den un carajo. Los falsos testimonios son delitos, según consta en el artículo 275 del Código Penal. Ahí mismo dice que te pueden dar hasta 10 años de cárcel.

Cuando salgas te vamos a ir a arrancar la cabeza de un patadón (futura escena de violencia).

Ojalá nunca te toque sufrir tanto como estamos sufriendo nosotros ahora, perverso de mierda, no tenes ni la más puta idea de lo que sentimos a raíz de Cromañón.

Encuesta: ¿querés que Callejeros vuelva a tocar?

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Página/12, domingo 8 de mayo de 2005: DEFENSA DE LA FUNCIONARIA ACUSADA POR CROMAÑON

“Que sea el pato de la boda”

Para el abogado de Fabiana Fiszbin, la acusada por homicidio culposo es víctima de “presiones mediáticas” y del macrismo para que la responsabilidad de la tragedia recaiga en ella. El procesamiento por “homicidio culposo agravado” de quien fuera subsecretaria de Control Comunal porteña cuando ocurrió la tragedia de Cromañón, Fabiana Fiszbin, y de otros cinco ex funcionarios, abrió un nuevo capítulo en la causa por la muerte de 193 personas en el boliche de Once. Como era de prever, la defensa de Fiszbin apelará el fallo de juez Julio Lucini, que “pretende convertir” a la ex funcionaria en “el pato de la boda”. Desde el gobierno porteño se optó por el silencio. Y algunos legisladores consideraron que el fallo podría “poner otra vez sobre el tapete” la situación política de la ciudad.

“Hay una presión mediática y política de sectores del macrismo para que mi defendida sea el ‘pato de la boda’”, enfatizó el abogado de Fiszbin, Marcelo Fainberg, quien el miércoles se presentará ante la Cámara de Apelaciones para dar vuelta el fallo. Uno de los argumentos que tratará de rebatir es aquel en el que el Lucini citó la “teoría de la imputación objetiva” que trata el juzgamiento de una “conducta de un agente como condición necesaria sin la cual la muerte no habría ocurrido. “Para que haya ocurrido esto –explicó a Página/12–, el responsable tiene que tener dominio del hecho por acción u omisión en el hecho que se le imputa. Y en este caso no hubo ni siquiera omisión porque Fiszbin se preocupó por los boliches.”

–¿También está en desacuerdo con el planteo del juez acerca de una “violación del deber de cuidado” por la cual se conformó un tipo penal? –preguntó Página/12.

–Esa interpretación no podía ser de otra manera para los funcionarios porque si no el delito no podría ser doloso.

–Entonces, ¿considera que la figura está bien aplicada?

–Sí, pero para los demás funcionarios, no para Fiszbin, porque no hubo negligencia ni omitió ninguno de sus deberes. Además, si el juez procesa a policías por cohecho y omitir contravenciones, ¿adónde está la imprudencia de Fiszbin si no sabía las condiciones en que funcionaba el boliche?

–El juez dijo que los funcionarios no pudieron desconocer la situación porque “hubo varias alarmas”, una de ellas fue el informe de la Defensoría del Pueblo.

–Ella se preocupó por el tema. Por ejemplo, a fines de mayo de 2004 ordenó a Ana Fernández (directora adjunta de Control) que realizara las inspecciones y clausuras necesarias. Ahora, que los subordinados no hayan actuado como corresponde escapa a la responsabilidad de Fiszbin.

–¿Cree que la escalada de acusaciones puede llegar hasta funcionarios de mayor rango?

–No. Aparte, las teorías (que se usaron para inculpar a funcionarios) tienen que tener un límite, un punto final en las responsabilidades.

Fainberg también consideró que fue un “error” dictar el procesamiento penal “hablando de una negligencia en general de los funcionarios porque la responsabilidad penal se dicta en forma individual”. Sin embargo, José Iglesias, abogado y padre de una de las víctimas de la tragedia, sostuvo que “lo que dice el fallo es los funcionarios tenían una misma responsabilidad pero que hubo una actuación conjunta; no se dictó nada en forma general”.
Con el mismo talante que mantiene desde que comenzó el proceso judicial, el jefe de Gobierno optó por el silencio. No obstante, fuentes del Ejecutivo admitieron que “sabíamos que la investigación iba en esa línea (la del procesamiento de funcionarios) y no causó mucha sorpresa”. Sin embargo, desde el Legislativo sonaron algunas voces. Para Francisco Talento, de Frente para la Victoria, “el mayor impacto que habrá que estudiar será el posible resurgimiento de la crisis vinculada a Cromañón; el fallo pondrá sobre el tapete, otra vez, la cuestión política”. La legisladora oficialista Ana María Suppa reconoció que “si la Justicia lleva el caso con seriedad y encontró argumentos para tomar una decisión como la que tomó, entonces los responsables tendrán que asumir su rol”. Para la titular del bloque macrista, Gabriela Michetti, “ligar el fallo al hecho de que la gestión de Ibarra esté débil o no es politizar la cuestión”, no obstante sostuvo que “lo que el fallo dejó expuesto es que hay una manera de ejercer la función pública que se debe desterrar”.

SOBREVIVIENTES

LA MARCHA DEL 30 EN FOTOS

Clarín, viernes 6 de mayo de 2005:

14:21 | MEDIDA DEL JUEZ LUCINI

Procesan y embargan a ex funcionarios y policías por la tragedia en Cromañón

A cinco ex integrantes del Gobierno porteño se los acusa de “homicidio culposo” y a un sexto por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y tres jefes de la comisaría 7ª enfrentan el cargo de “cohecho pasivo”. Hay fuertes embargos.

Cinco ex funcionarios del Gobierno porteño -entre ellos la ex secretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin- fueron procesados esta tarde por homicidio culposo en la causa que investiga la tragedia de Cromañón. Tres altos jefes de la comisaría 7ª, en tanto, quedaron acusados por cohecho pasivo.

El juez Julio Lucini -a cargo de la investigación- acusó a Fiszbin y a los ex funcionarios Ana María Fernández, Rodrigo Cozzani, Alfredo Ucar y Juan Carlos Torres por el delito de homicidio culposo, que prevé penas de 3 a 5 años de prisión. Todos trabajaban en el área de inspecciones del Gobierno de la Ciudad.

Otro ex funcionario porteño -Víctor Tella- fue acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que Juan Carlos Loupias y el ex inspector Jorge Díaz recibieron la falta de mérito.

Lucini también cargó contra los jefes de la seccional 7ª: los comisarios Gabriel Sevald y Juan Carlos Belay, así como el subcomisario Carlos Díaz fueron procesados por el delito de cohecho pasivo (es decir, recibir coimas). Mientras que dos agentes que estaban de consigna en el boliche la noche del incendio fueron acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Además, amplió el procesamiento de Omar Chabán y el presunto jefe de seguridad de Cromañón, Raúl Villarreal. Ambos ya estaban acusados por homicidio simple con dolo eventual (que prevé hasta 25 años de cárcel pero que pueden ser más por la cantidad de casos fatales) y ahora se les agregó la figura de cohecho activo.

De acuerdo al dictamen, los jefes y algunos de los oficiales de la seccional 7ª sabían que en Cromañón se hacían recitales de música como si se tratara de un microestadio. Y conocían que entraban muchas más personas que las 1.031 que permitía la habilitación. Sin embargo, permitieron que siguiera funcionando. Según Lucini, eso ocurrió porque habrían tenido un acuerdo verbal con Chabán y Villarreal.

El magistrado también dictó fuertes embargos para todos los procesados: 20 millones de pesos en el caso de los funcionarios acusados por homicidio culposo, una cifra que oscila entre medio millón y 100 mil pesos para los policías, 800 mil pesos para Chabán y 500 mil en el caso de Villarreal.

El fallo de Lucini dejó otro detalle al descubierto: para la Justicia, la noche de la tragedia ninguna puerta podía ser considerada como de emergencia. Una, porque estaba cerrada con candado y encima conducía al hotel que integra el mismo complejo del boliche, mientras que la otra servía exclusivamente como ingreso. Un dato que se había convertido en algo más que una certeza tras la emotiva inspección del miércoles en el lugar que llevó a la muerte a 193 personas.

(Fuente: DyN y Télam)

La Nación, viernes 6 de mayo de 2005:

Procesaron a ex funcionarios porteños por la tragedia de Once

El juez Lucini acusó de homicidio culposo a Fabiana Fiszbin y otros cuatro ex integrantes del gobierno de la ciudad

(DyN).– Cinco ex funcionarios porteños fueron procesados por homicidio culposo y embargados en 20 millones de pesos, en tanto que tres policías de alta graduación y el empresario Omar Chabán fueron imputados de presunto cohecho, en el marco de la causa por la tragedia de Cromagnon.

El juez Marcelo Lucini firmó este mediodía una extensa resolución de 320 páginas, en la que procesó por "homicidio culposo agravado" a la ex subsecretaria de Gestión Comunal Fabiana Fiszbin, al ex director de Fiscalización y Control Juan Torres, a su segunda Ana María Fernández, al ex titular de Coordinación Operativa Rodrigo Cozzani y al ex asesor Alfredo Ucar.

Sobre los cinco pesa una figura delictiva que contempla penas de hasta cinco años de prisión, lo que significa que –al tratarse de 193 muertes– un tribunal oral podría aplicar el máximo del castigo y enviarlos a prisión efectiva. De momento, ninguno de los cinco irá a la cárcel.

En la misma resolución, el juez Lucini procesó por cohecho pasivo a los comisarios en actividad Gabriel Sevald y Juan Carlos Belay y al subcomisario Carlos Rubén Díaz, por haber recibido presuntamente sobornos por parte de los administradores de Cromagnon.

A los tres policías el juez les trabó embargo por 500.000 pesos a cada uno.

Como contraparte del cohecho pasivo, es decir el cohecho activo (los que pagaron los sobornos) fueron procesados Emir Omar Chabán –800.000 pesos de embargo– y Raúl Villarreal –500.000 pesos de embargo–.

Chabán y Villarreal ya estaban procesados por el presunto delito de homicidio simple y son los dos únicos imputados que actualmente están en prisión.

También fueron procesados, aunque por delitos de menor gravedad, otros dos policías: Oscar Sosa y Cristian Villegas: sobre los dos recayó la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y embargados en 100.000 pesos cada uno.

Sosa y Villegas eran los policías que estaban de guardia en las puertas de Cromagnon el 30 de diciembre de 2004, cuando se produjo la tragedia.

Víctor Daniel Telias, el inspector que concurrió a Cromagnon antes que se vencieran sus autorizaciones, halló la puerta cerrada, no dejó constancia de ello y nunca volvió, también fue procesado por el presunto delito de "omisión de los deberes de oficio" y embargado por 30.000 pesos.

Sólo dos de los 15 imputados sobre los que el juez Lucini debía resolver su situación procesal quedaron en buena situación frente a la causa, aunque no desvinculados completamente de la investigación.

dale que vaaaaaaa

DIARIO PÁGINA/12 LUNES 9 DE MAYO DE 2005: EL DIRECTOR DE LA MORGUE FIRMABA AUTOPSIAS EN EL ’76Cromañón y el Can Cerbero Heraldo Donnewald, denunciado por tratar como bolsas de papas a cuerpos y a familiares de Cromañón, durante la dictadura, según el Cels, firmó pericias que en lugar de la Justicia se enviaban al I Cuerpo.

Por Alejandra Dandan

De las cuatro causas que lleva adelante la Justicia por la tragedia de República Cromañón, una se concentra sobre la figura del director de la Morgue Judicial, Heraldo Néstor Donnewald. José Iglesias, abogado y padre de una de las víctimas, abrió una causa penal ante la justicia federal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Donnewald. El ahora director acusado fue miembro del equipo de funcionarios forenses que durante la dictadura, según denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales, convalidaba con su firma “ejecuciones fraguadas” de futuros desaparecidos. Donnewald dirige el Cuerpo Médico desde 1979. Iglesias sumó a la denuncia penal un sumario administrativo ante la Corte para pedir su remoción en el cargo. Ante la falta de respuesta, el CELS ahora decidió patrocinarlo en esa instancia administrativa. Las otras tres causas están en manos del juez Julio Lucini. Son por abandono de persona; asociación ilícita y homicidio culposo y tendrán novedades durante los próximos días (ver aparte).

José Iglesias sabía tan poco de la trayectoria de Donnewald como el centenar de familiares que se agolparon en la puerta de la Morgue Judicial para reclamar el cuerpo de los muertos horas después del incendio del 30 de diciembre pasado.

Donnewald perteneció al Cuerpo Médico Forense que durante la última dictadura militar efectuó autopsias, solicitó certificados de defunción al Registro Civil y realizó inhumaciones de cadáveres NN sin dar intervención al juez competente, como lo denunció el CELS en 1982 en una causa abierta tras detectar que ese procedimiento se realizó “por lo menos” sobre seis cadáveres, pero “los elementos analizados permitían sospechar que tal procedimiento (había sucedido) en un mayor número de casos”.

Existen por lo menos cinco legajos firmados por Donnewald desde 1976. “Son pericias con su firma. Determinaba si había heridas de bala, marca de esposas, identidad y causa de muerte, como por ejemplo fusilamiento –explicó a Página/12 Diego Morales, abogado del CELS–. Normalmente, esas pericias debían pasar a un juzgado del crimen para la investigación. Pero para entonces la Cámara del Crimen tenía firmado un acuerdo con el ex director del Cuerpo Médico, Marcelo Daneri, para que los informes se envíen directamente a las Fuerzas Armadas. Como el resto de los forenses, los informes de Donnewald fueron al I Cuerpo del Ejército o Grupo de Tareas–Armada.”

En la primera denuncia judicial, el CELS describió ese mecanismo para demostrar el accionar corporativo de la Justicia. Ya se decía que mientras la Justicia rechazaba arriba los habeas corpus, abajo procesaba los cuerpos. Esa causa terminó con el apartamiento de Penna, pero su procesamiento quedó sin efecto, porque el delito de incumplimiento había prescrito.

En aquel momento, el CELS inició una causa paralela como la de Iglesias. Le pidió un sumario interno y una investigación al administrador general de la Corte, a cargo de la Morgue. Ese proceso concluyó con la suspensión del presidente de la cámara del Crimen, Mario Pena, de otros dos médicos y una orden para profundizar la investigación que nunca se realizó.

Desde entonces, Donnewald se mantuvo en su puesto. Como funcionario nunca aportó información en esa causa. Sólo dijo en alguna ocasión que “estaba preso de las reglas”.

Iglesias inició la querella penal en su contra por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público el 25 de enero pasado, con el número 914/’05. La causa está en manos del juez federal Sergio Torres. Para José Iglesias, Donnewald y su equipo tuvieron “absoluta desaprensión y total desapego al cumplimiento de sus funciones”. El cuerpo de su hijo estuvo perdido durante doce horas; padeció con “veinte a treinta” familiares “el maltrato de los funcionarios que nos trataban como si hubiéramos estado haciendo un trámite para obtener licencia de conducir”. La Morgue depende del administrador general de la Corte, Nicolás Reyes. Doce días después de la tragedia de Once, Reyes firmó una carta de felicitación dirigida a la dirección de la Morgue, por el “desempeño profesional” del equipo en esas instancias. El 4 de marzo, Iglesias le presentó el pedido de remoción del jefe forense. “Mi temor es que se cajonee. Yo creo que va a pasar como pasó con la causa del CELS”, le dijo Iglesias a este diario. Por eso pidió el patrocinio del CELS. Desde que empezó el sumario interno, el padre de Pedro “no tiene ningún tipo de acceso a la denuncia ni al sumario. No puede peticionar o saber qué esta pasando. Independientemente de la cuestión de fondo, la prohibición de participar le impide el derecho básico de acceso a la información”, explica en este caso Morales. El CELS sigue varios aspectos de la causa Cromañón, entre ellos la respuesta del Poder Judicial sobre el tratamiento de los cuerpos. “Fueron tratados como ‘bolsas de papas’, sin ningún tipo de respuesta para resguardar el futuro derecho al duelo de los familiares”, dice Morales.

Informe: Adrián Figueroa Díaz La Nación, domingo 8 de mayo de 2005: El incendio de la disco de Once Cromagnon: para el juez, la falta de control provocó la tragedia

Según Lucini, alcanzaba con leer los diarios para conocer los lugares críticos

Todos sabían del peligro que había en los locales bailables menos el organismo que debía controlarlos

Pedirían el procesamiento de los integrantes de Callejeros

"Resulta inverosímil que diversos organismos de control hayan advertido la problemática que rodeaba las condiciones de seguridad de los locales de baile, pero que no haya ocurrido lo mismo con la autoridad de aplicación. Todos estaban al tanto de la situación, excepto la Subsecretaría de Control Comunal, el organismo cuya tarea era, precisamente, controlar esa actividad."

Así, el juez Julio Lucini definió la supuesta responsabilidad de los cinco ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la tragedia ocurrida el 30 de diciembre último, en la disco República Cromagnon, en la que murieron 193 personas durante el recital del grupo Callejeros.

"La falta de control sobre el local fue la causa de las muertes y de las lesiones en sentido natural", sostuvo el magistrado en la resolución en la que dictó el procesamiento por 193 casos de homicidio culposo agravado de Fabiana Fiszbin, subsecretaria de Control Comunal; Ana María Fernández, directora de Control y Verificaciones; Gustavo Torres, director adjunto de esa repartición; Rodrigo Cozzani, coordinador operativo, y Alfredo Ucar, asesor de Fiszbin.

Según consta en la causa, Cromagnon fue inspeccionado por última vez el 29 de marzo de 2003. En esa época funcionaba como bailanta y Chabán no estaba la frente del emprendimiento.

"Con leer los suplementos de los diarios en los que publicaban las actividades musicales de los fines de semana hubiera sido suficiente para saber qué estaba ocurriendo en el ámbito de la ciudad", sostuvo Lucini.

Además procesó por supuesto cohecho pasivo a dos comisarios de la Policía Federal y a un subcomisario que se desempeñan en la seccional con jurisdicción en la zona de Once, donde funciona la disco incendiada.

En tanto, el explotador comercial del local, Omar Chabán y el jefe de seguridad del boliche, Raúl Villarreal, fueron procesados por cohecho activo, debido a que el juez estableció, a partir de una serie de testimonios y pruebas recogidos en la causa que Chabán y Villarreal habrían pagado coimas a los policías para que no labraran actas por contravenciones, como permitir el ingreso de menores en un local donde se vendían bebidas alcohólicas.

Chabán y Villarreal están detenidos con prisión preventiva acusados de 193 casos de homicidio con dolo eventual, mientras que Diego Argañaraz y Lorenzo Bussi, manager y jefe de seguridad de Callejeros, respectivamente, fueron procesados por el mismo delito que los ex funcionarios, aunque sin el agravante.

"La mejor demostración de que existía la posibilidad de aplicar un control efectivo sobre los locales de baile lo constituye la actitud adoptada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, poco después de ocurrida la tragedia. Lamentablemente, la reacción llegó tarde", expresó Lucini, en referencia al decreto firmado en los primeros días de enero por el jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, de clausurar todos los boliches de la ciudad hasta que cumplieran con las normas de seguridad.

Tal afirmación se fundó, entre otras pruebas, en el expediente 631/04 impulsado por la Defensoría del Pueblo, en el que se alertaba a la Subsecretaría de Control Comunal que el 80 por ciento los locales bailables de la ciudad no tenía el certificado de prevención de incendio vigente.

El magistrado destacó que los ex funcionarios tampoco hicieron nada con los alertas sobre el peligro que representaban los recitales de Callejeros y quedaron evidencia en los shows realizados en Excursionistas, donde cuatro inspectores verificaron que cuatro espectadores tuvieron que ser atendidos por quemaduras con pirotecnia, y en Obras Sanitarias, donde se arrojaron más de cien bengalas.

"El incumplimiento de las medidas de seguridad tarde o temprano iba a desencadenar en un hecho como Cromagnon", concluyó Lucini.

Patricio Poplasky, abogado de algunos familiares de las víctimas, consideró que la aparición de un reportaje en el que el baterista de Callejeros ponderó el uso de bengalas en los recitales de la banda "sería relevante para pedir el procesamiento de los miembros del grupo de rock".

Por Gustavo Carabajal

De la Redacción de LA NACION Reproches a Fiszbin

"La subsecretaria Fabiana Fiszbin desconocía el horario que debían cumplir los inspectores que tenía bajo su mando. Huelga todo otro comentario y queda evidentemente plasmada la violación a los deberes de cuidado que tenían funcionalmente asignados." Con esa frase el juez Julio Lucini definió la presunta desprotección homicida en la que habrían incurrido tanto Fiszbin como los otros cuatro ex funcionarios procesados y acusados de homicidio culposo por la tragedia en República Cromagnon.

"La desprotección homicida es lo que, en definitiva, provoca las violaciones a los deberes de cuidado como los que se investigan. La desprotección que crea no son atribuibles al resultado de una mala gestión o a la de un tercero, sino que son actos propios, que por su gravedad pertenecen al ámbito del derecho penal", sostuvo el juez en su resolución.

Lucini remarcó que al haber violado un deber de cuidado los ex funcionarios actuaron con imprudencia y que esa conducta creó un peligro concreto puntual: el funcionamiento de Cromagnon sin las condiciones de seguridad.

Además, el juez destacó que los locales que se inspeccionaban se elegían por capricho de los ex funcionarios